IATA rechaza la ampliación del ETS aéreo

IATA advierte de costes y tensiones regulatorias si Bruselas extiende el mercado europeo de emisiones a vuelos internacionales de salida

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha criticado la propuesta de la Comisión Europea para ampliar el alcance del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EU ETS) en aviación, al considerar que Bruselas vuelve a abrir un debate ya conflictivo para las aerolíneas y para la competitividad del transporte aéreo europeo.

La iniciativa comunitaria, presentada el 17 de julio de 2026, plantea aplicar el ETS a determinados vuelos extraeuropeos de salida desde el Espacio Económico Europeo hacia terceros países situados a una distancia máxima de 5.000 kilómetros desde el principal aeropuerto del centro geográfico de la Unión. También incluye cambios para que las emisiones de la aviación ejecutiva y de negocios contribuyan en mayor medida al sistema.

Para IATA, el enfoque supone extender el mecanismo europeo más allá de sus fronteras y puede generar nuevas tensiones por extraterritorialidad. Willie Walsh, director general de la asociación, afirmó que la UE “repite un error histórico” y defendió que la prioridad debería ser reforzar CORSIA, el sistema global de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional impulsado por la OACI.

Qué cambia para la aviación

La Comisión Europea sostiene que el objetivo es aumentar la cobertura de la tarificación efectiva del carbono en el transporte aéreo y reciclar parte de los ingresos hacia soluciones de descarbonización, como los combustibles sostenibles de aviación (SAF), la electrificación y medidas para reducir el impacto climático de las estelas.

El texto comunitario también mantiene el apoyo al marco multilateral al permitir ajustes vinculados a los costes cubiertos por CORSIA y propone extender la implementación de la cancelación de unidades de este sistema hasta 2035. La Comisión defiende que la aviación debe contribuir de forma más clara a los objetivos climáticos europeos, en un contexto en el que el peso de sus emisiones dentro del transporte sigue siendo relevante.

Para las agencias de viajes, el debate no es menor. Cualquier cambio en los costes regulatorios de las aerolíneas puede acabar influyendo en tarifas, conectividad, programación de rutas y márgenes, especialmente en mercados internacionales de medio y largo radio. En un momento de fuerte demanda aérea hacia España, como reflejan los últimos datos recogidos por SoloAgentes en España suma 11,1 millones de pasajeros aéreos internacionales en junio, la evolución de los costes operativos seguirá siendo una variable clave para la venta.

CORSIA, SAF y competitividad

IATA reclama que la UE no duplique marcos regulatorios y centre sus esfuerzos en hacer más eficaz el sistema global. La asociación ve margen en medidas como aumentar los incentivos al SAF y habilitar modelos de book-and-claim, que permiten separar la compra de combustible sostenible de su uso físico en un aeropuerto concreto, pero advierte de que los detalles serán determinantes.

El pulso llega además en un momento en el que la industria aérea mantiene el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de CO2 en 2050, con el SAF como una de las grandes palancas previstas. En paralelo, el mercado sigue mostrando señales de crecimiento y segmentación, como ya analizó SoloAgentes en IATA destaca el tirón premium de Latinoamérica y el peso de Asia en las rutas con más tráfico.

Críticas desde el frente ambiental

La propuesta también ha recibido críticas desde organizaciones ambientales, aunque por motivos opuestos. Transport & Environment considera que el paso de Bruselas es insuficiente porque deja fuera parte de la aviación europea, especialmente los vuelos de mayor distancia. Según su análisis, limitar el alcance a trayectos de hasta 5.000 kilómetros mantendría un 47% de la aviación europea fuera de la tarificación del carbono y supondría renunciar a unos 4.200 millones de euros adicionales si todos los vuelos de salida estuvieran incluidos.

El resultado es una propuesta que queda en medio de dos presiones: las aerolíneas alertan del riesgo de pérdida de competitividad y de conflicto regulatorio internacional, mientras que los grupos ambientales piden ampliar todavía más la cobertura. Para las agencias, la lectura práctica pasa por seguir de cerca cómo evoluciona el expediente legislativo, porque su impacto potencial puede trasladarse a precios, producto aéreo y planificación de viajes internacionales en los próximos años.