NOTICIAS PARA AGENCIAS Y AGENTES DE VIAJES

Consumo prepara una ley propia de viajes combinados y CEAV pide evitar nuevas cargas para las agencias

Published

on

El Ministerio prevé presentar su propuesta a principios de 2027, mientras el sector advierte de los riesgos económicos de la reforma europea y reclama las mismas reglas para los nuevos operadores tecnológicos.

España tendrá una regulación específica para los viajes combinados, separada de la legislación general de protección de consumidores. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya trabaja en el borrador de la futura ley y prevé someterlo a participación pública a principios de 2027, según ha anunciado Daniel Arribas, director general de Consumo, durante el I Congreso Nacional de Agencias de Viajes de CEAV, celebrado este 17 de noviembre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid.

El anuncio supone un paso relevante en la adaptación española de la nueva Directiva europea, pero llega acompañado de una preocupación que ha recorrido buena parte del debate: cómo reforzar los derechos de los viajeros sin trasladar a las agencias responsabilidades económicas que no siempre pueden controlar.

La cuestión ha enfrentado las distintas perspectivas de la Administración, la representación empresarial, el sector asegurador y las grandes plataformas de distribución durante una mesa moderada por Ana Barluenga, directora del Área Jurídica de CEAV, con la participación de Arribas, Katia Estace, Chief Commercial Officer de Aon, y Guillaume Teissonnière, General Counsel de eDreams ODIGEO.

Una ley específica y el compromiso de no añadir nuevas barreras

Arribas ha confirmado que Consumo considera poco adecuado mantener la regulación de los viajes combinados dentro de una norma generalista, especialmente por la complejidad jurídica y operativa de esta actividad.

El Ministerio trabaja por ello en una legislación independiente que incorporará la nueva Directiva europea, con un compromiso expresado por el director general: que la transposición sea «un reflejo fiel de lo que dice la directiva», sin introducir barreras adicionales que no estén previstas en Bruselas.

Esta posición coincide con una de las principales reivindicaciones que CEAV viene defendiendo ante el legislador español: aprovechar los márgenes disponibles sin incrementar innecesariamente los costes administrativos y financieros de las agencias.

Sin embargo, esos márgenes serán reducidos. La Directiva (UE) 2026/1024, publicada el pasado 8 de mayo, establece un elevado nivel de armonización entre los Estados miembros. España deberá aprobar las disposiciones necesarias antes del 29 de septiembre de 2028, aunque comenzarán a aplicarse el 29 de marzo de 2029.

Arribas también ha descartado, por el momento, desarrollar criterios interpretativos españoles diferentes de los comunitarios. El Ministerio prefiere que sea la Comisión Europea quien facilite las orientaciones necesarias para garantizar una aplicación homogénea en todos los mercados.

El principal espacio de negociación nacional se concentrará, por tanto, en las cuestiones para las que la Directiva permite cierta flexibilidad, especialmente los plazos de reclamaciones y algunos aspectos de las garantías frente a la insolvencia.

El problema no es solo cancelar un viaje, sino quién asume las consecuencias

La experiencia de la pandemia ha condicionado profundamente la reforma europea. Las cancelaciones masivas dejaron a muchas agencias obligadas a devolver cantidades a sus clientes mientras esperaban recuperar el dinero adelantado a aerolíneas, hoteles y otros proveedores.

La nueva Directiva intenta corregir parte de este desequilibrio, aunque no elimina todas las dificultades.

Uno de sus cambios más relevantes amplía los supuestos en los que el viajero podrá cancelar un viaje combinado sin penalización por circunstancias extraordinarias e inevitables. El derecho podrá ejercerse también cuando esas circunstancias se produzcan en el lugar de salida o durante el desplazamiento y resulte razonablemente previsible que afecten significativamente al viaje.

CEAV considera que esta ampliación puede resultar especialmente gravosa para los organizadores, que deberán asumir obligaciones de reembolso aunque no hayan provocado ni puedan evitar las circunstancias que impiden viajar.

La Confederación consiguió que no prosperaran otras propuestas más restrictivas durante la negociación europea, entre ellas la limitación general de los pagos anticipados al 25% en determinadas reservas y la extensión del derecho de cancelación sin penalización a circunstancias extraordinarias en el lugar de residencia del viajero.

No obstante, permanecen obligaciones que preocupan al sector.

Una de las mejoras introducidas establece que los prestadores de servicios deberán reembolsar al organizador en un máximo de siete días cuando cancelen o no presten un servicio incluido en el viaje combinado. Su alcance, sin embargo, está limitado a proveedores establecidos en la Unión Europea o que presten servicios en ella.

Teissonnière ha valorado positivamente esta disposición, pero ha cuestionado su capacidad para resolver situaciones extremas.

«Si una aerolínea no tiene dinero, no tiene dinero», ha advertido el responsable jurídico de eDreams ODIGEO, recordando que una obligación legal de reembolso no garantiza por sí sola que el proveedor disponga de liquidez para cumplirla.

La reforma también regula expresamente los vales como alternativa voluntaria al reembolso en dinero. Su utilización exigirá la aceptación del viajero, podrá ofrecer condiciones más atractivas que la devolución económica y contará con garantías frente a la insolvencia por el importe legalmente reembolsable.

Para CEAV, esta flexibilidad representa una herramienta útil ante futuras crisis, aunque no sustituye la necesidad de repartir de forma más equilibrada los riesgos entre todos los participantes de la cadena turística.

Las aseguradoras ofrecen soluciones, pero advierten del coste de ampliar las garantías

La respuesta del sector asegurador ha introducido un elemento práctico en el debate. Katia Estace ha confirmado que ya existen pólizas capaces de cubrir determinados supuestos de fuerza mayor relacionados con el lugar de salida, el destino e incluso las escalas del itinerario.

La directiva amplía las obligaciones de los organizadores, pero la cobertura efectiva dependerá de las condiciones concretas de cada seguro, de las exclusiones establecidas y de la posible existencia de sublímites.

Estace ha recomendado a las agencias prestar especial atención a estos aspectos y revisar las soluciones aseguradoras antes de que entren en aplicación las nuevas disposiciones.

Desde Aon también se trabaja en adaptar las pólizas de responsabilidad civil y otras coberturas para responder al nuevo escenario regulatorio.

«Hay solución, ya existe y además se mejora», ha asegurado Estace, aunque ha defendido que cualquier nueva exigencia debe analizarse teniendo en cuenta su viabilidad económica.

Su posición ha sido especialmente clara respecto a las garantías frente a la insolvencia. Aon considera suficiente el sistema español actual y advierte de que incrementar los capitales exigidos podría traducirse en primas más elevadas para las agencias sin una mejora proporcional de la protección.

Este planteamiento coincide con la preocupación de CEAV por evitar que la transposición española termine encareciendo la actividad empresarial, especialmente para las agencias de menor dimensión.

Otra cuestión que llegará al debate legislativo será la gestión de reclamaciones. La nueva Directiva contempla siete días para acusar recibo y 60 días para ofrecer una respuesta de fondo, con la posibilidad de que los Estados miembros establezcan periodos inferiores.

CEAV ha solicitado mantener los máximos previstos, argumentando que resolver una reclamación de viaje combinado puede exigir la intervención de numerosos proveedores de distintos países.

La inteligencia artificial abre un conflicto que la nueva Directiva no resuelve

Más allá de las garantías y los reembolsos, la intervención de Guillaume Teissonnière ha introducido una amenaza regulatoria que apenas comenzaba a plantearse cuando se diseñó la reforma: la aparición de agentes de inteligencia artificial capaces de contratar directamente servicios turísticos.

El responsable jurídico de eDreams ODIGEO ha advertido de que estas herramientas podrían organizar vuelos, alojamientos y otros componentes de un viaje sin presentarse formalmente como agencias, alegando que actúan únicamente por instrucciones del consumidor.

Para ilustrar el problema, ha planteado el ejemplo de un asistente digital que ofrece contratar un vuelo y un hotel desde el teléfono del usuario. Su posición es inequívoca: «Eso es un viaje combinado».

El riesgo, según Teissonnière, es que grandes plataformas tecnológicas puedan desarrollar actividades equivalentes a las de una agencia sin asumir las mismas obligaciones de información, protección financiera y responsabilidad frente al viajero.

El directivo ha reclamado una interpretación rápida y rigurosa de las normas europeas para evitar diferencias de trato entre operadores tradicionales y nuevas plataformas automatizadas.

La advertencia adquiere especial relevancia porque la reforma de los viajes combinados, pese a modificar las definiciones de determinadas reservas conectadas on line, no aborda expresamente la responsabilidad de los nuevos agentes autónomos de inteligencia artificial.

La regulación también modifica el tratamiento de las reservas digitales: determinadas contrataciones enlazadas en las que se transmitan datos que permitan identificar al viajero podrán considerarse viajes combinados si el segundo servicio se reserva dentro de las 24 horas siguientes. Esto obligará a revisar los procesos de comercialización y la información ofrecida al consumidor.

Barluenga ha compartido la preocupación por el posible desequilibrio competitivo y ha subrayado la importancia de que las obligaciones legales alcancen a quienes efectivamente intervienen en la organización y comercialización del viaje, independientemente de la tecnología utilizada.

La próxima negociación estará en España

Con la Directiva europea ya aprobada, el debate se desplaza ahora a su incorporación al ordenamiento español.

Consumo ha manifestado su disposición a recibir aportaciones del sector cuando exista una propuesta normativa concreta. CEAV quiere aprovechar ese proceso para defender el mantenimiento de los plazos de reclamaciones y del sistema actual de garantías, y evitar nuevas obligaciones económicas que puedan perjudicar a las agencias.

La discusión parte de una realidad que ha quedado patente durante el Congreso: las agencias responden ante el consumidor por servicios en cuya prestación participan numerosos proveedores, mientras la digitalización y la inteligencia artificial incorporan nuevos actores a un mercado sometido a una regulación cada vez más exigente.

El primer paso será conocer el borrador que prepara el Ministerio para principios de 2027. Su contenido permitirá determinar hasta qué punto la futura ley española puede mantener el equilibrio entre la protección de los viajeros, las responsabilidades de las agencias y las obligaciones de los proveedores.

 

Tendencias

Salir de la versión móvil