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NOTICIAS PARA AGENCIAS Y AGENTES DE VIAJES

El turismo social se enfrenta a una crisis de identidad: más programas, pero ¿a costa de quién?

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Las agencias reclaman financiación pública real, mejores condiciones económicas y una reforma del Imserso que garantice la igualdad de oportunidades sin convertir los viajes sénior en una competencia para el propio sector turístico.

El turismo social español se encuentra ante una contradicción difícil de sostener: mientras las administraciones amplían sus programas de viajes para mayores, crecen las dudas sobre quién los financia, a quién benefician realmente y qué consecuencias tienen para las empresas turísticas que los comercializan. El problema ya no consiste únicamente en aumentar las plazas disponibles, sino en determinar si el modelo está cumpliendo su función social o evolucionando hacia una oferta comercial de viajes a precios reducidos bajo el amparo institucional.

Esta fue la principal tensión que emergió durante la mesa Luces y sombras del turismo social en España, celebrada en el I Congreso Nacional de Agencias de Viajes de CEAV, en Madrid. Un debate moderado por Rosó Morlà, directiva del Grupo Ávoris y vicepresidenta de ACAVe, que reunió a representantes de las agencias, organizaciones de mayores, universidad y ámbito político. Pese a sus diferentes perspectivas, los participantes coincidieron en la necesidad de revisar un sistema que ha cambiado mucho menos que sus propios beneficiarios.

La frontera entre turismo social y turismo sénior empieza a desdibujarse

Uno de los principales problemas identificados es la creciente utilización del concepto de turismo social para programas que no necesariamente responden a criterios de vulnerabilidad económica, dependencia o dificultad de acceso a las vacaciones.

Jerónimo Fernández, presidente de FECLAV, cuestionó abiertamente aquellas iniciativas autonómicas que se presentan como sociales sin incorporar una aportación económica pública efectiva. A su juicio, determinadas administraciones consiguen ofrecer viajes más baratos trasladando el esfuerzo económico a las agencias, turoperadores y proveedores.

La diferencia es sustancial. Un programa social debe facilitar que viajen personas que, por sus circunstancias, difícilmente podrían hacerlo en condiciones normales. Una oferta de turismo sénior, por el contrario, puede dirigirse a consumidores con capacidad económica suficiente para adquirir viajes comerciales convencionales.

El debate adquiere especial relevancia cuando algunos programas autonómicos incorporan grandes circuitos internacionales destinados a viajeros desde los 55 años, sin exigir necesariamente la condición de pensionista.

José Luis Fernández Santillana, presidente de CEOMA, introdujo un matiz importante: no todos estos programas deben considerarse negativos, ni todas las administraciones actúan al margen de las agencias. En comunidades como Madrid, recordó, son precisamente las empresas de intermediación quienes diseñan, negocian y comercializan buena parte de la oferta.

Sin embargo, advirtió de que facilitar viajes económicos a personas que pueden pagarlos sin ayuda pública plantea dudas sobre la utilización del concepto social. La cuestión no es impedir que viajen, sino evitar que una política destinada a garantizar oportunidades termine beneficiando a quienes menos necesitan esa protección.

El Imserso necesita más plazas, pero también un modelo económicamente viable

La dimensión del problema se aprecia en las cifras de la temporada 2026-2027. El programa de turismo del Imserso dispone de 879.213 plazas frente a 4.602.255 personas acreditadas para participar.

La oferta equivale aproximadamente al 19% del número de acreditados, aunque esa diferencia no significa que todos soliciten efectivamente un viaje. En cualquier caso, evidencia una capacidad limitada frente al universo de potenciales beneficiarios.

Para las agencias, aumentar la oferta sin revisar las condiciones económicas tampoco resolvería el problema.

Miguel Jiménez, presidente de la Comisión de Turismo Social de CEAV y también Presidente de AEVAV, puso sobre la mesa una de las cifras más reveladoras del actual sistema: las agencias perciben 15 euros por plaza comercializada, IVA incluido, pese a asumir tareas de información, asesoramiento, reservas y seguimiento del viajero.

La remuneración resulta especialmente controvertida por la concentración de la demanda en unos pocos días. Jiménez denunció que el reparto de los turnos provoca jornadas con una afluencia desproporcionada de usuarios, que las oficinas deben atender sin disponer de suficientes plazas para satisfacer sus preferencias.

El desequilibrio afecta también a la oferta hotelera. El parlamentario popular Agustín Almodóbar recurrió al ejemplo de Benidorm, donde aseguró que apenas siete hoteles participan esta temporada en un programa que históricamente había contribuido a sostener la actividad del destino durante los meses de menor demanda.

La retirada de establecimientos, cuando las condiciones económicas dejan de resultar atractivas, puede perjudicar simultáneamente a los viajeros, las agencias y el empleo turístico. Es una tensión que ya había adquirido especial relevancia tras las reclamaciones del sector hotelero para revisar las tarifas del Imserso.

Una igualdad de oportunidades que no llega a todos los viajeros

El funcionamiento de los turnos de comercialización abrió otro frente de discusión. Los participantes cuestionaron que determinados destinos especialmente solicitados se agoten rápidamente mientras los beneficiarios de turnos posteriores encuentran una oferta mucho más limitada.

Fernández Santillana planteó estudiar sistemas de acceso rotatorios y criterios más equitativos, de modo que no sean siempre los mismos usuarios quienes tengan mayores posibilidades de conseguir las plazas más demandadas.

También advirtió de la brecha digital. La capacidad para utilizar herramientas tecnológicas, la proximidad de una agencia y el lugar de residencia pueden condicionar el acceso a un programa que debería garantizar oportunidades independientemente de esas circunstancias.

La situación es particularmente delicada para personas que viven en pequeños municipios sin una oficina de viajes próxima.

Pero la propuesta de CEOMA fue más allá del reparto de plazas. Su presidente defendió que la eficacia del turismo social no debería medirse exclusivamente por el número de viajes vendidos o la satisfacción hotelera, sino también por sus efectos sobre la autonomía personal, las relaciones sociales y la soledad no deseada.

La organización reclama que los mayores participen en las decisiones sobre programas diseñados precisamente para ellos. Como expresó Fernández Santillana durante el debate, están cansados de que otros decidan continuamente cómo deben resolverse sus necesidades sin consultarles suficientemente.

El riesgo de que las administraciones compitan con las agencias

La extensión de los programas autonómicos plantea otra cuestión: ¿están generando nuevos viajeros o desplazando ventas que antes realizaba el sector privado?

Ignacio Ruiz Guerra, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, alertó de que algunas iniciativas públicas pueden acabar compitiendo con los productos comerciales existentes en lugar de complementar el turismo social estatal.

Según su análisis, cuando una administración impulsa viajes a precios inferiores a los del mercado sin una financiación que justifique esa diferencia, puede alterar la competencia y perjudicar especialmente a las pequeñas agencias.

Miguel Jiménez compartió esa preocupación y denunció que determinadas administraciones obtienen visibilidad institucional mientras el esfuerzo para abaratar los viajes recae sobre los márgenes de las empresas participantes.

El problema no reside en la existencia de nuevos programas, sino en la ausencia de una delimitación clara entre una intervención pública de carácter social y una promoción comercial dirigida a consumidores sénior.

Jerónimo Fernández reclamó que las asociaciones de agencias intervengan desde la elaboración de los pliegos y no cuando las decisiones ya están tomadas. Propuso igualmente establecer comisiones de seguimiento para comprobar si los programas cumplen sus objetivos sociales y económicos.

Los destinos de interior, una oportunidad desaprovechada

La coordinación entre administraciones apareció como una de las principales vías para ampliar las oportunidades de viaje sin duplicar recursos ni concentrar los beneficios en los mismos destinos y usuarios.

Ruiz Guerra defendió aprovechar mejor el potencial de los destinos españoles de interior, especialmente mediante viajes entre semana y fuera de los periodos de máxima demanda. Esa estrategia podría extender los beneficios de la desestacionalización a territorios que actualmente participan mucho menos en determinados circuitos turísticos.

Fernández Santillana respaldó la posibilidad de establecer acuerdos entre comunidades autónomas para intercambiar plazas y favorecer que los viajeros conozcan otras regiones españolas.

No se trata necesariamente de excluir los viajes internacionales de la oferta dirigida a mayores, sino de diferenciar las propuestas comerciales de aquellos programas que utilizan recursos públicos para cumplir una finalidad social y territorial.

Esta evolución también exigirá nuevos perfiles profesionales. Ruiz Guerra advirtió de que las agencias necesitarán personal preparado para atender a viajeros con necesidades muy diversas, incorporando conocimientos sobre accesibilidad, acompañamiento y atención especializada.

Modernizar el programa para garantizar su continuidad

El debate terminó situando la responsabilidad política en el centro de la reforma.

Agustín Almodóbar defendió una mayor coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, así como una revisión de los mecanismos de financiación y de la participación de los diferentes operadores turísticos.

El parlamentario consideró que la proliferación de iniciativas autonómicas responde, en parte, a las insuficiencias del programa estatal. También reconoció que el principal riesgo es la inacción política y la falta de escucha a los usuarios, agencias, hoteles y transportistas.

Para los representantes de las agencias, la continuidad del turismo social exige que su rentabilidad no dependa de reducir indefinidamente las retribuciones de quienes lo hacen posible. Para las organizaciones de mayores, la reforma debe garantizar que los recursos lleguen prioritariamente a quienes encuentran mayores dificultades para viajar.

El horizonte compartido es un sistema que conserve la capacidad del Imserso para sostener empleo, actividad turística y bienestar social, pero que incorpore una financiación adecuada, mayor coordinación territorial y mecanismos de evaluación más exigentes.

La reforma pendiente no consiste simplemente en vender más viajes. Consiste en decidir qué necesidades sociales debe atender el turismo financiado o promovido por las administraciones, cómo se garantiza el acceso y qué papel corresponde a las empresas que lo hacen posible.

 

Fundador y director de SoloAgentes, el ecosistema de medios, formación e innovación enfocado en agencias de viajes y proveedores turísticos. Mi trabajo se basa en generar contenidos útiles, persuasivos y con impacto comercial real para el sector.

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