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UNAV-FETAVE analiza los riesgos jurídicos que afrontan las agencias ante las crisis y la inteligencia artificial
La III Jornada Jurídica de Derecho Turístico reunió a más de un centenar de profesionales en Madrid para examinar los cambios en la protección del viajero, la responsabilidad empresarial, los seguros, la IA agéntica y los derechos de los pasajeros aéreos
Las agencias de viajes afrontan un escenario en el que los conflictos internacionales, las incidencias tecnológicas y las nuevas formas de contratación digital están poniendo a prueba los mecanismos tradicionales de protección del viajero y las responsabilidades de los operadores turísticos. A estas dificultades se suma una regulación europea en transformación que obligará a revisar determinados procedimientos de información, asistencia y reembolso.
Estas cuestiones centraron la III Jornada Jurídica de Derecho Turístico de UNAV-FETAVE, celebrada el 18 de noviembre de 2026 en la sede de CEIM, en Madrid, con la colaboración de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (FEMAV). El encuentro, desarrollado bajo el lema «Agencias de viajes ante la nueva era del riesgo», reunió a más de un centenar de participantes presenciales y online.
La jornada permitió abordar los problemas desde diferentes perspectivas: la defensa de los intereses empresariales, la protección internacional de los turistas, la experiencia de los turoperadores ante situaciones extraordinarias, la evolución de los seguros y los interrogantes jurídicos que plantea una inteligencia artificial capaz de contratar y gestionar servicios turísticos.

César Gutiérrez y M.ª Dolores Serrano: proteger al viajero también exige proteger a las agencias
El presidente de UNAV-FETAVE, César Gutiérrez, abrió el encuentro recordando que la verdadera dimensión del trabajo de una agencia de viajes se hace especialmente visible cuando surge una situación que altera los planes del cliente.
Una empresa puede haber seleccionado cuidadosamente los proveedores, organizado las conexiones aéreas y comprobado cada detalle de un itinerario. Sin embargo, el cierre de un espacio aéreo, un conflicto bélico o una cancelación inesperada pueden modificar por completo lo previsto. Es entonces cuando el viajero recurre a su agencia para encontrar alternativas, reorganizar los servicios y recibir asistencia.
Gutiérrez defendió que esa capacidad de respuesta constituye uno de los principales valores de la intermediación turística, aunque también genera obligaciones jurídicas y económicas que las empresas deben poder afrontar con garantías.
El presidente puso especial atención en la realidad de las pequeñas y medianas agencias, que necesitan compatibilizar la asistencia a sus clientes con la continuidad de sus negocios, sus obligaciones económicas y el mantenimiento del empleo.
En este contexto, reivindicó el trabajo del asociacionismo profesional para trasladar a las administraciones los problemas reales del sector. Explicó que la defensa de las agencias no puede limitarse a cuestionar una disposición normativa, sino que requiere estudiar sus consecuencias, presentar argumentos y plantear alternativas que permitan mejorarla.
Entre los ámbitos de actuación de UNAV-FETAVE mencionó la revisión de la normativa turística, los avances relacionados con las responsabilidades de los minoristas y la interlocución con las distintas administraciones.
Para Gutiérrez, la regulación debe establecer con precisión las obligaciones de cada operador y evitar que las agencias soporten responsabilidades desproporcionadas por servicios que no ejecutan directamente.
Su intervención concluyó con una declaración que resumió el planteamiento institucional del encuentro: «Para cuidar bien al viajero, también tenemos que cuidar a las empresas y a los profesionales que estén a su lado».
La directora del Área Jurídica de UNAV-FETAVE, M.ª Dolores Serrano, amplió esta reflexión al conjunto de riesgos que afectan actualmente a las agencias.
Serrano recordó que las consecuencias de una guerra, una catástrofe natural, un apagón o un fallo tecnológico pueden alcanzar a miles de operaciones turísticas y provocar problemas contractuales que no siempre encuentran una respuesta sencilla en la normativa.
A estos acontecimientos se añade una transformación tecnológica que introduce nuevas preguntas. La inteligencia artificial ya no se limita a proporcionar información o ayudar a completar tareas: comienza a adquirir capacidad para tomar decisiones e intervenir directamente en las reservas.
Esta evolución obliga a determinar quién realiza realmente una contratación, qué consentimiento debe prestar el viajero y quién responde cuando una operación automatizada produce un error.
Serrano también destacó el creciente protagonismo del derecho turístico, una disciplina que considera imprescindible para abordar cuestiones que afectan directamente a la actividad empresarial.
Defendió que las jornadas jurídicas deben servir para superar el conocimiento puramente teórico de las normas y analizar su aplicación a las situaciones que encuentran diariamente las agencias.

ONU Turismo: un código internacional para repartir mejor las responsabilidades durante las crisis
La primera sesión estuvo dedicada al Código Internacional para la Protección de los Turistas de ONU Turismo, con la participación de Manuel Álvarez Uría, especialista sénior del Departamento Legal de ONU Turismo, y Emily Steinmayr, Legal Officer de ONU Turismo.
Álvarez Uría explicó que el código surgió durante la pandemia, cuando el cierre de fronteras y las restricciones internacionales dejaron a numerosos viajeros sin posibilidades de regresar a sus países y pusieron de relieve importantes diferencias entre los sistemas nacionales de protección.
Los trabajos comenzaron en septiembre de 2020 y culminaron con su aprobación en noviembre de 2021, durante la Asamblea General celebrada en Madrid.
El resultado fue un instrumento internacional de carácter voluntario y no vinculante, concebido para establecer principios comunes que puedan incorporarse progresivamente a las legislaciones y prácticas contractuales de los países y operadores turísticos.
A diferencia de un tratado internacional, el código pretende facilitar una adopción más ágil y ofrecer orientaciones aplicables tanto a situaciones extraordinarias como a las relaciones habituales entre turistas y prestadores de servicios.
Durante su intervención, Álvarez Uría señaló que 32 Estados se habían adherido al código, una relación en la que España todavía no figura.
El representante de ONU Turismo identificó como objetivos fundamentales la reducción de la fragmentación normativa internacional, la mejora de los mecanismos de protección y asistencia y el establecimiento de una distribución más equilibrada de las responsabilidades entre administraciones, empresas y viajeros.
También defendió la participación de las asociaciones empresariales y los operadores privados, a quienes el código anima a incorporar sus principios en contratos, acuerdos y procedimientos.
Emily Steinmayr profundizó en las consecuencias prácticas de estas recomendaciones para las agencias y los organizadores turísticos.
La responsable jurídica recordó que la pandemia evidenció dificultades relacionadas con los reembolsos de viajes combinados, la recuperación de cantidades adelantadas a proveedores, la falta de coordinación con el transporte aéreo y la ausencia de criterios comunes sobre los bonos ofrecidos como alternativa a la devolución del dinero.
Uno de los principios centrales del código es que la protección del viajero debe acompañarse de una distribución más equilibrada de las obligaciones entre los diferentes prestadores de servicios.
En las situaciones extraordinarias que afectan a varios operadores, el documento recomienda que la asistencia sea proporcionada por quien se encuentre en mejores condiciones de prestarla, sin perjuicio de los posibles mecanismos de compensación posteriores entre las partes responsables.
En materia de cancelaciones, reconoce la conveniencia de permitir la terminación del contrato sin penalización cuando concurran las circunstancias correspondientes y de efectuar los reembolsos sin demoras indebidas.
El código también contempla la posibilidad de ofrecer bonos, siempre que su aceptación sea voluntaria. Entre sus características recomendadas figuran la transparencia, la flexibilidad, la transferibilidad y las garantías de reembolso.
Steinmayr explicó igualmente que el instrumento plantea mecanismos de apoyo financiero a los operadores turísticos cuando atraviesan dificultades extraordinarias, incluyendo medidas de liquidez y protección frente a situaciones de insolvencia.
La representante de ONU Turismo informó de que el 3 de noviembre de 2026 se había celebrado la primera reunión del Comité Técnico del Código, encargado de evaluar su aplicación y recopilar las experiencias de los Estados adheridos.
El organismo pretende utilizar este seguimiento para actualizar las recomendaciones y mantener su utilidad ante los nuevos riesgos que afectan al turismo internacional.

Cuando lo imprevisible sucede: la gestión de crisis obliga a revisar contratos, protocolos y seguros
La primera mesa de debate reunió a Óscar Madroñal, director de Producto de Icarion, y Josep García, director de Travel Affinity, SME & Digital Solutions de AON, bajo la moderación de M.ª Dolores Serrano.
El debate abordó las situaciones inevitables y extraordinarias que pueden impedir la ejecución de un viaje combinado, así como las consecuencias jurídicas y operativas que deben afrontar los organizadores.
Serrano explicó que la normativa vigente reconoce determinados derechos al viajero cuando se producen acontecimientos ajenos al control de las partes que afectan significativamente a la ejecución del viaje.
La existencia de una guerra, un desastre natural o una situación de emergencia no supone, sin embargo, que cualquier reserva pueda cancelarse automáticamente sin penalización. Es necesario analizar la incidencia real de los acontecimientos sobre el viaje contratado.
La directora jurídica recordó también que el derecho al reembolso por circunstancias inevitables y extraordinarias no implica necesariamente una indemnización adicional por daños y perjuicios.
Uno de los asuntos centrales fue la Directiva (UE) 2026/1024, que modifica la regulación europea de viajes combinados. Los Estados miembros deberán adoptar las disposiciones necesarias antes del 29 de septiembre de 2028 y aplicarlas desde el 29 de marzo de 2029.
Entre sus novedades figura la consideración de situaciones extraordinarias que afectan al lugar de salida, a los desplazamientos hacia el destino o al regreso, siempre que concurran las condiciones previstas en la norma.
La importancia probatoria de las recomendaciones oficiales de viaje también recibió atención. Serrano explicó que pueden servir para valorar una situación de riesgo, aunque no determinan automáticamente, por sí solas, la existencia del derecho a cancelar sin penalización.
Desde la perspectiva de la turoperación, Óscar Madroñal trasladó la experiencia de Icarion durante las crisis recientes.
Identificó los conflictos geopolíticos, las alteraciones del transporte aéreo y los fenómenos meteorológicos como algunas de las incidencias más complejas.
El directivo describió especialmente las dificultades provocadas por los problemas de conectividad en Oriente Medio. La interrupción de determinadas rutas no afecta únicamente a los viajeros cuyo destino final se encuentra en la región, sino también a quienes utilizan sus aeropuertos como conexión hacia Asia.
Puso como ejemplo los viajes a Japón o Vietnam que, aun desarrollándose en países ajenos al conflicto, pueden resultar inviables por la cancelación de vuelos de conexión.
En estas circunstancias, la turoperación debe gestionar simultáneamente la asistencia a pasajeros que ya están viajando, la reorganización de las salidas pendientes y la negociación con proveedores que pueden mantener condiciones de contratación no reembolsables.
Madroñal también mencionó los problemas de navegación en los cruceros fluviales cuando la falta de caudal impide completar el itinerario previsto.
En ocasiones, los operadores pueden mantener el alojamiento a bordo y sustituir determinados trayectos por excursiones terrestres, pero estas alternativas abren interrogantes sobre la modificación sustancial de los servicios contratados.
La experiencia demuestra, según explicó, que no siempre existe una solución material inmediata. Una cancelación masiva puede dejar a miles de pasajeros pendientes de vuelos alternativos y provocar una falta de disponibilidad hotelera que impida atender todas las necesidades.
Madroñal propuso reforzar la anticipación de riesgos, establecer protocolos de actuación claros, mejorar la comunicación con los viajeros y revisar la protección aseguradora disponible.
Josep García, desde AON, defendió que las agencias dediquen periódicamente tiempo a analizar sus pólizas y las circunstancias concretas a las que se encuentran expuestas.
Diferenció dos niveles de protección: los seguros contratados para los viajeros, que también pueden reducir las consecuencias económicas de determinadas incidencias para la agencia, y las pólizas propias de la empresa, entre ellas las de responsabilidad civil.
Advirtió de que las definiciones contractuales de cada cobertura resultan determinantes y no siempre coinciden exactamente con los conceptos utilizados en la legislación turística.
Por ello, recomendó revisar los riesgos vinculados a cancelaciones, insolvencias, acontecimientos extraordinarios y problemas que se producen tanto en destino como en origen.
García avanzó además que AON estudia una nueva cobertura de contingencias destinada a responder ante determinadas obligaciones de reembolso de las agencias en situaciones excepcionales.
El turno de preguntas permitió analizar un caso concreto: la cancelación de un crucero por el Rin debido a la falta de agua suficiente para navegar y la posibilidad de sustituir el recorrido fluvial por desplazamientos en autocar.
El debate, en el que también intervinieron los juristas Antonia Paniza y Pascual Martínez Espín, puso de relieve la importancia de valorar si la modificación altera sustancialmente el viaje contratado.
Martínez Espín recordó que las condiciones particulares de un contrato no pueden prevalecer sobre normas imperativas de protección del viajero. También examinó la situación del minorista cuando recibe reclamaciones por decisiones o servicios que corresponden al ámbito de responsabilidad del organizador.

Antonia Paniza: la inteligencia artificial abre nuevas preguntas sobre quién contrata y quién responde
La segunda mesa, titulada «¿Agente de viajes o agente de IA? Entre la innovación y el intrusismo digital», comenzó con la intervención de Antonia Paniza, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de les Illes Balears.
Su exposición abordó las consecuencias jurídicas de la denominada inteligencia artificial agéntica, capaz de superar las funciones tradicionales de búsqueda y recomendación para intervenir directamente en la contratación y gestión de servicios turísticos.
Paniza planteó un ejemplo relacionado con las incidencias aéreas: un sistema inteligente que detecta la cancelación de un vuelo, localiza alternativas, reorganiza el alojamiento y prepara las nuevas reservas antes de que el viajero llegue a solicitar ayuda.
La posibilidad tecnológica introduce, sin embargo, una cuestión fundamental: determinar qué papel jurídico desempeña el sistema cuando actúa en nombre de una persona.
La catedrática explicó que los agentes de inteligencia artificial carecen de personalidad jurídica, por lo que no pueden equipararse sin más a los sujetos tradicionales de una relación contractual.
De ahí surge la necesidad de establecer si una herramienta automatizada actúa como simple transmisora de instrucciones, representante del usuario o intermediaria en la contratación de servicios.
Esta distinción adquiere especial relevancia cuando un sistema combina diferentes prestaciones turísticas, efectúa reservas conectadas o interviene en operaciones que podrían quedar comprendidas en la normativa de viajes combinados.
Paniza también planteó las consecuencias de una posible intermediación turística desarrollada mediante sistemas automatizados que no encajen claramente en las categorías tradicionales del sector.
Otro de los interrogantes afecta al consentimiento contractual.
La contratación turística exige declaraciones de voluntad y la aceptación de determinadas condiciones. Cuando una inteligencia artificial realiza operaciones de forma autónoma, es necesario determinar hasta dónde alcanza la autorización previa del usuario y qué decisiones requieren una confirmación expresa.
El problema se extiende a los pagos, la aceptación de condiciones tarifarias, el tratamiento de datos personales y las declaraciones que deben realizar los pasajeros durante determinados procedimientos, como la facturación aérea.
Para ilustrar los riesgos de los errores automatizados, Paniza utilizó un ejemplo sencillo: un viajero solicita una reserva en Córdoba, pero el sistema interpreta erróneamente el destino y selecciona un establecimiento en otra ciudad con el mismo nombre.
En un caso de estas características habría que determinar si el error procede de las instrucciones del usuario, del funcionamiento de la tecnología o de la información proporcionada por el prestador turístico.
La atribución de responsabilidades podría alcanzar, según las circunstancias, al desarrollador de la herramienta, a la empresa que la utiliza o al propio usuario.
La catedrática dedicó también atención a la protección de datos personales, especialmente cuando los asistentes inteligentes utilizan información económica, hábitos de consumo, preferencias de viaje o datos sensibles relacionados con necesidades de accesibilidad y salud.
Estas tecnologías también pueden modificar la distribución turística, al desplazar parte de la selección de productos desde el consumidor hacia sistemas que comparan y contratan automáticamente.
Paniza advirtió de la importancia de preservar la transparencia, la trazabilidad y la supervisión humana, elementos necesarios para reconstruir las decisiones automatizadas y determinar responsabilidades cuando se producen incidencias.
Su intervención dejó abiertas numerosas preguntas sobre el encaje de estas herramientas en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la normativa de protección de datos, las reglas de contratación y el régimen de responsabilidad por productos defectuosos.

José Antonio Flores: delegar trabajo a la IA no significa autorizar cualquier decisión
José Antonio Flores, CEO de Conecta Turismo, continuó el debate trasladando las cuestiones jurídicas a ejemplos prácticos de implantación tecnológica en las agencias de viajes.
Flores comenzó diferenciando la inteligencia artificial conversacional, utilizada principalmente para responder preguntas, de la inteligencia artificial agéntica, capaz de ejecutar tareas, tomar determinadas decisiones e intervenir en operaciones empresariales.
El cambio fundamental, explicó, no reside únicamente en la capacidad de la tecnología, sino en el nivel de autonomía que una empresa está dispuesta a concederle.
Un sistema puede consultar disponibilidad, comparar vuelos y preparar propuestas sin necesidad de realizar una contratación. Sin embargo, cuando recibe autorización para confirmar una reserva o efectuar un pago, entra en un ámbito de mayor riesgo.
Por eso defendió que las empresas establezcan roles, permisos, límites operativos y mecanismos de supervisión antes de incorporar agentes inteligentes a sus procesos.
Entre los ejemplos planteados figuró la posibilidad de fijar importes máximos para determinadas operaciones o exigir confirmaciones humanas cuando una decisión implique obligaciones económicas.
Flores insistió en que las agencias deben diferenciar claramente las tareas que pueden automatizarse de aquellas que necesitan la aprobación del viajero o de un profesional.
Para ilustrarlo, explicó un desarrollo tecnológico de Conecta Turismo para una mayorista de vuelos.
El sistema puede interpretar una solicitud de viaje, consultar distintas alternativas y presentar resultados adaptados a las preferencias del cliente. Sin embargo, antes de realizar una reserva en firme, incorpora mecanismos de confirmación.
Estas verificaciones resultan especialmente importantes cuando existen condiciones tarifarias restrictivas, como billetes no reembolsables, o circunstancias que requieren una revisión adicional por parte del personal de la empresa.
El directivo destacó asimismo la importancia de registrar las operaciones realizadas por los sistemas. Los historiales de actividad permiten conocer qué instrucciones recibió una herramienta, qué decisiones adoptó y en qué momento se produjo cada actuación.
Su planteamiento quedó resumido en una de las declaraciones más relevantes de la jornada: «Delegar una tarea a la inteligencia artificial no significa darle un poder ilimitado».
La confianza del cliente fue otro de los ejes de su intervención.
Flores puso como ejemplo un asistente que cancela automáticamente actividades de un viaje por interpretar que existe una amenaza meteorológica, aunque las condiciones reales no justifiquen esa decisión.
Una actuación de este tipo puede perjudicar la experiencia del viajero y deteriorar la confianza tanto en la herramienta como en la empresa que la utiliza.
También analizó los cambios que la inteligencia artificial puede introducir en la comercialización turística. A su juicio, las empresas deberán prestar más atención a la forma en que sus productos e información son interpretados por asistentes inteligentes, además de mantener los canales tradicionales de búsqueda y distribución.
En el ámbito laboral, rechazó una visión centrada exclusivamente en la sustitución de profesionales.
Su propuesta consiste en utilizar estas herramientas para reducir tareas administrativas repetitivas y dedicar más recursos a actividades que requieren criterio empresarial: diseño de producto, negociación con proveedores, atención personalizada y resolución de situaciones complejas.
Flores concluyó que el principal desafío no consiste en determinar todo lo que puede hacer una inteligencia artificial, sino en establecer qué decisiones debe seguir controlando una persona.
La cuestión de la responsabilidad y la necesidad de dejar constancia de las operaciones también estuvo presente en la parte final de la jornada, dedicada a los derechos de los pasajeros aéreos y a las reformas europeas que afectan a las agencias.
Según la información facilitada por UNAV-FETAVE, Pascual Martínez Espín, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, advirtió del riesgo de «asfixia financiera» que puede producirse cuando los organizadores deben devolver cantidades a los viajeros antes de recuperar los importes correspondientes de compañías aéreas y otros proveedores.
La Directiva (UE) 2026/1024 introduce, para determinadas situaciones de cancelación o falta de prestación del servicio, un plazo de siete días para que los proveedores devuelvan a los organizadores los anticipos correspondientes. Este mecanismo busca facilitar el cumplimiento del plazo general de 14 días para el reembolso al viajero, aunque su aplicación efectiva dependerá de que las cantidades circulen entre los distintos operadores dentro de los tiempos previstos.
La intervención también abordó las responsabilidades por autoconexiones aéreas, la identificación jurídica de los productos comercializados y la importancia de conservar registros digitales que documenten las actuaciones realizadas durante una reserva o reclamación.
Dos advertencias de Martínez Espín, recogidas por UNAV-FETAVE, sintetizaron estas cuestiones: «La etiqueta no salva al producto» y «Lo que no está en el log no existe». Ambas expresiones inciden en la necesidad de que las agencias identifiquen correctamente los servicios que comercializan y dispongan de registros que permitan acreditar las operaciones y comunicaciones cuando surgen conflictos.
La jornada contó con el patrocinio de la Comunidad de Madrid y la colaboración de AON, Conecta Turismo, Deiurem, FEMAV, iryo, Icarion, ONU Turismo, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universitat de les Illes Balears.

